La vivienda incremental nace como respuesta a la dificultad de muchos hogares vulnerables para acceder a una solución formal, ofreciéndoles un mínimo habitacional como opción. Esto genera desafíos para la política pública, ya que la propia acción de los habitantes puede afectar la calidad de las viviendas, entendida como una dimensión clave para la comprensión de la pobreza energética. Este artículo utiliza un encuadre de la trialéctica del espacio de Pierre Bourdieu para estudiar las interacciones individuales y comunitarias en un condominio de viviendas incrementales con 10 años de antigüedad. De esta manera se pretende relevar la manera en que las familias expuestas a la pobreza energética sufren también la falta de recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos. Para esto se utiliza un modelo mixto de análisis que incluye levantamientos constructivos, entrevistas en profundidad y registros de parámetros ambientales. La interpretación de los resultados deja ver que la acción individual bajo situación de precariedad de las propias familias no consigue configurar un espacio simbólico ni físico de representación colectiva, con una materialización adecuada para la habitabilidad de las viviendas. Esto se expresa en desfavorables condiciones de desempeño energético y calidad ambiental interior, altamente vinculadas a las modificaciones constructivas realizadas. Para abordar la pobreza energética en la vivienda incremental se propone una mirada sistémica que incorpora el tejido social y la cohesión de la comunidad como elementos claves, con perspectivas de política pública.

La noción de pobreza energética ocupa un lugar relevante en la discusión sobre energía, protección social, la salud pública, acceso a la vivienda y cambio climático (Kerr et al., 2019; Primc et al., 2019). La pobreza energética, considerada como una forma de privación distinta de la pobreza de ingresos (Hills, 2012), se asocia a tres factores principales: bajos niveles de ingresos, altos costos de energía y bajos niveles de eficiencia energética residencial (Boardman, 2010). Una de sus conceptualizaciones más aceptadas dentro de la literatura es la de González-Eguino (2015), que identifica umbrales físicos, tecnológicos y económicos, los cuales encuentran eco en dos de las tres dimensiones propuestas por la Red de Pobreza Energética (RedPE), plataforma de colaboración académica fundada en Chile y con alcances en la región latinoamericana. En efecto, umbrales físicos y tecnológicos se agrupan bajo la dimensión de acceso, que considera limitantes geográficas y de infraestructura que limitan el suministro energético; los económicos se asocian a la dimensión de equidad, sobre el gasto energético que realizan los hogares en relación a su ingreso disponible total, y la dificultad consiguiente en la provisión de fuentes de energía para lograr confort térmico (Calvo et al., 2019). Una definición más integral de pobreza energética incorpora las problemáticas asociadas a la calidad de la energía, que considera tanto las fuentes de energía y equipamiento como las condiciones habitacionales. Indicadores sobre esta dimensión son escasos en la literatura, ya sea porque abordan la pobreza energética desde la carencia absoluta en el acceso a servicios energéticos básicos -lo cual se usa principalmente para países de menores ingresos- o desde el excesivo costo de dicho acceso -lo cual se aplica en el contexto de países desarrollados (Bridge et al., 2016; Vilches et al., 2017). Esta distinción ha llevado a establecer que los países del Norte Global podrían estar expuestos a sufrir pobreza de combustibles (fuel poverty), mientras que los del Sur Global a la pobreza energética (energy poverty) propiamente tal (Guevara et al., 2023), que involucraría los tres aspectos anteriormente mencionados.

Desde los primeros indicadores de la pobreza energética, basados exclusivamente en criterios económicos -gastos versus ingresos- ciertamente el concepto ha evolucionado mucho, ampliándose y complejizándose. Hoy en día, el estudio de la pobreza energética debiese estar situado espacial y territorialmente, como lo ha propuesto la RedPE para la realidad nacional y regional (Calvo et al., 2019). En efecto, al estudiar la pobreza energética desde su vínculo con la vivienda -en esta búsqueda por la dimensión de la calidad de la energía, que involucra aspectos técnicos y habitacionales- se ha definido con una “alta variabilidad geográfica y contingente localmente” (Bouzarovski, 2014), lo cual posee fuertes implicancias urbanas, sociales y de política pública. Madden y Marcuse (2016) defienden el concepto de la vivienda como centralidad en conflictos sociales: por una parte, entre la vivienda como espacio social para vivir y como instrumento para la rentabilidad económica; y por otra, entre ideologías, intereses y proyectos políticos. En la actualidad, Chile enfrenta una crisis habitacional que ha impulsado un Plan de Emergencia Habitacional (Ministerio de Vivienda y Urbanismo [MINVU], 2022). No obstante, en la actualidad dicho déficit se explica más por aspectos cualitativos que son más difíciles de medir a nivel agregado y que van reproduciendo una condición deficitaria que no se resuelve solo entregando vivienda nueva, sino también mejorando la vivienda existente (Correa-Parra et al., 2023). Una alternativa frente a la limitación de recursos para enfrentar el déficit habitacional surge de la vivienda incremental, entregando una solución mínima para que las familias completen su vivienda con sus propios medios (Millones Segovia, 2017). En palabras de la oficina de arquitectura ELEMENTAL, “si el dinero no alcanza para más de 40 metros cuadrados, ¿por qué no consideramos que, en vez de una casa chica, estos puedan ser vistos como la mitad de una casa buena?” (Aravena y Iacobelli, 2012, p. 17). Este artículo presenta hallazgos relevantes para revisar críticamente la relación entre un caso de vivienda incremental con pobreza energética.

Se aplica un análisis empírico sobre un caso ubicado en la comuna de Renca, usando un encuadre de teoría y política urbana, a partir de la sociología de la práctica de Pierre Bourdieu. La aplicación de las categorías bourdianas a la pobreza ha sido abordada previamente por las ciencias sociales latinoamericanas pero su incorporación al estudio sobre pobreza energética y transición climática es emergente. De hecho, uno de los desafíos que se desprenden del trabajo de Bredvold e Inderberg (2022) -donde la pobreza energética se entiende desde la electro-dependencia y la descarbonización en un país altamente desarrollado- o del estudio de Pérez-Sindín y Van Assche (2021) -que desarrolla la resistencia de una comunidad minera en Galicia frente a las políticas de transición energética, con el reemplazo de la producción local por carbón importado desde Colombia- es poder construir una mirada desde una perspectiva situada en Latinoamérica como aporte a estos debates globales contemporáneos. La Red de Pobreza Energética (RedPE) ha contribuido a la creación de este espacio con aportes muy recientes, por ejemplo, a la definición y comprensión del concepto de transición energética justa (Araya et al., 2023) o a la vulnerabilidad energética territorial (Calvo et al., 2020). El presente artículo pretende aportar a esta discusión, particularmente en los desafíos que propone la autoconstrucción como política habitacional y su relación con la pobreza energética en el contexto nacional y latinoamericano.

Para poder desarrollar esta aproximación desde una epistemología que incorpore consideraciones arquitectónicas, se utiliza la trialéctica del espacio de Bourdieu, a partir de la interpretación propuesta por Loic Wacquant (2023). Este encuadre teórico permite comprender el espacio desde tres constructos diferenciados que capturan diversas modalidades de la acción social y vida urbana, además de su expresión por medio del poder (en la distribución del capital material y simbólico). En esta interacción es posible evidenciar la aparición de la pobreza energética como elemento estructural de las dinámicas habitacionales en un contexto vulnerable, como el estudiado. Justamente, dado que el caso de estudio corresponde a un condominio de vivienda social de tipo incremental, el énfasis del análisis estará en los/as vecinos/as de éste y de sus trayectorias individuales y colectivas, y en cómo estas se desarrollan a través de la interacción del espacio social, simbólico y físico.

Parte esencial de este trabajo es entender la manera en que las dinámicas sociales de la comunidad en estudio se materializan en acciones individuales o colectivas y cómo estas generan condiciones para la pobreza energética. Un elemento fundamental para el predominio individual de estas interacciones nace desde la propia lógica incremental de la política habitacional en la cual se enmarca este condominio social. Sin embargo, el argumento se puede llevar más allá, hasta el límite de comprender que estas acciones aparecen también por el modelo económico neoliberal impuesto en dictadura (incluyendo algunas correcciones introducidas por gobiernos democráticos) (Madariaga, 2019). En este sentido se puede entender como el individualismo y el neoliberalismo están entrelazados y donde este último es capaz de coaccionar a los actores e instituciones para conducirlos hacia diseños institucionales ad-hoc a las necesidades rentistas del modelo (Leme, 2023). De manera similar, McGuigan (2014) define un tipo ideal del “yo neoliberal”, que combina el sujeto idealizado de la economía clásica y neoclásica con el discurso contemporáneo del contribuyente escéptico a la justicia redistributiva, en base a un ideal meritocrático. Así también, las políticas públicas en Chile están estrechamente vinculadas al individualismo por el hecho de surgir desde el marco ideológico neoliberal. Codoceo y Sougarret (2017) argumentan que las políticas públicas en Chile están fragmentadas y promueven la responsabilidad individual, mientras que Bernasconi y Espinosa-Cristia (2020) sugieren que la política emprendedora dirigida por el Estado en Chile se justifica a través de una retórica meritocrática de desarrollo individual.

En materia de política habitacional, Besoain y Cornejo (2015) encontraron que la privatización de la política de vivienda en Chile conduce a una forma de ciudadanía que promueve el consumo privado y preserva los procesos de fragmentación social. Por su parte, Posner (2012) argumenta que la política de vivienda exacerba la estratificación social, refuerza la vulnerabilidad de los trabajadores a las fuerzas del mercado y socava la confianza social, fomentando una mirada aislada del problema de la vivienda (centrada en soluciones individualizables por sobre programas de acción colectiva). Dohnke et al. (2015) examina los primeros efectos de una nueva política de vivienda en Santiago -que tiene como objetivo lograr una mejor mixtura socioespacial e integración social- pero encuentra que las condiciones predominantes del mercado continúan promoviendo un desarrollo socioespacial desigual, en gran parte, por el sesgo individualista que subyace en la promoción de este tipo de políticas habitacionales. La política de vivienda en Chile tiene una relación compleja con el individualismo y la fragmentación social que resulta en ciudades pensadas por y desde la propiedad individual.

El déficit habitacional se mide en base a la escasez de viviendas, hacinamiento, allegamiento, tomas de terreno y campamentos informales. Estos últimos han sido caracterizados a nivel internacional en términos de pobreza energética extrema (Furszyfer Del Rio y Sovacool, 2023; Ruiz-Rivas et al., 2023), lo que los sitúa como prioridad para la política pública. En este sentido, la autoconstrucción e incrementalidad han sido estrategias usadas desde hace décadas para enfrentar este problema. Uno de los principales aportes surge del estudio de la autoconstrucción de las viviendas en las barriadas de Lima en los años sesenta. Desde esta experiencia, John Turner valora que se aproveche el trabajo de las familias y comunidades para la construcción de sus viviendas como parte de programas públicos, amparado bajo un concepto de libertad, esta vez no desde la mirada capitalista, sino más bien próximo al ideario anarquista. Aplicada en la vivienda, la libertad para Turner se encarna también desde una tríada conceptual: “la libertad de autoselección de la comunidad, libertad de financiarse uno mismo con sus propios recursos y la libertad de modelar su espacio” (Turner, 2018, p. 96).

En Chile, durante las décadas del cincuenta al sesenta, se generó una migración campo-ciudad y el consecutivo déficit de vivienda fue especialmente agudo en la ciudad de Santiago. Ante esto, en los años cincuenta se implementan programas gubernamentales para hogares de escasos recursos, orientados a reducir el déficit habitacional con vivienda de interés social (Hidalgo, 2019). Dichos programas, entre 1950 y 1963 se basaron en entregas de terrenos urbanizados, materiales y asistencia técnica a los pobladores potenciando la autoconstrucción de la vivienda y la ayuda mutua, reconociendo las capacidades de los residentes (Greene, 2004). Luego, entre el año 1964 y 1973, se implementa la Operación Sitio la cual busca entregar nuevas soluciones de vivienda, proveyendo a las familias lotes de terreno urbanizados, con dotación de servicios básicos y equipamiento comunitario, nuevamente recurriendo al proceso de autoconstrucción, ahora más ordenada y sobre un lote con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. La dictadura militar, entre el año 1974 y 1989, instaura un sistema neoliberal, que implica la liberalización del límite urbano y otorga el control del desarrollo de lo urbano al mercado, con énfasis en la rentabilidad de las operaciones de compra-venta de suelo, urbanización y construcción de viviendas sociales, pasando de forma continua y decidida a sacar al Estado de este rol de producción (Matus López, 2014), concentrándose en entregar subsidios directos a la demanda. También se limitan las tomas de terreno y campamentos y se entregan construcciones formales -casetas sanitarias- en zonas periféricas de la ciudad donde el valor del suelo era menor. Hacia finales de la dictadura, se cuenta en cerca de un millón de hogares en situación de déficit (Hidalgo, 2019). Esto trajo una serie de nuevos problemas urbanos y sociales: segregación, fragmentación, inseguridad, hacinamiento, que requerían una nueva mirada orientada hacia la calidad de viviendas, su localización y la movilidad (Rodríguez y Sugranyes, 2004).

Con la vuelta a la democracia, desde 1990 al 2000, comienza una búsqueda para entregar nuevas soluciones habitacionales. Sin embargo, las políticas mantienen el modelo de subsidiariedad de la dictadura, articulado en seis programas: progresiva, básica, rural, especial para trabajadores, de subsidio unificado y leasing, subsidiando de manera progresiva acorde al tamaño de la solución habitacional. En palabras de Matus López, “cuanta mayor superficie habitacional, menor subsidio, mayor financiación crediticia y más ahorro previo” (Matus López, 2014, p. 106). Este proceso fue exitoso en la cantidad de soluciones, pero no lo fue en la dotación de servicios, haciendo además crisis en los estándares de calidad constructiva de la vivienda. En 2001 se inicia el programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que permitía que las familias accedieran a una vivienda sin carga hipotecaria; su finalización dependería de las personas beneficiarias, de forma individual y con recursos propios. Los estudios de Carrasco y O’Brien (2022a, 2022b) muestran que la evolución de una vivienda incremental refleja los hogares que la habitan, el tamaño de su núcleo familiar y su realidad socioeconómica, y responden a las necesidades de espacio y nuevos ingresos económicos. Sin embargo, en otro trabajo de los mismos autores, se alerta de la preocupación de los propios habitantes con respecto al deterioro de las condiciones de habitabilidad producto de las ampliaciones. Dentro de estas, se destacan: (1) la perdida de iluminación y ventilación natural; (2) el riesgo de hacinamiento; y (3) la seguridad ante incendios (Carrasco y O’Brien, 2021). Actualmente, en el Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 se le asigna un rol importante a la autoconstrucción, pero al alero del concepto de industrialización, constituyendo un programa ad-hoc con la meta de desarrollar 6.000 viviendas durante el período (MINVU, 2022). Ante esto, resulta necesario desarrollar un análisis más acabado de los procesos sociales y técnicos que involucra este énfasis en las políticas de vivienda, a la vez que establecer sus implicancias en la habitabilidad de la vivienda como resultante de la incrementalidad.

En la definición de trialéctica, el espacio social puede entenderse como el conjunto de agentes, su distribución y posicionamiento de acuerdo con las diferentes dimensiones del capital (principalmente económico y cultural). De acuerdo con la interpretación de Wacquant (2023), este espacio correspondería a la “categoría madre”, de la cual emerge el concepto específico de campo 1 , caracterizado por la diferenciación, la autonomización y la autoridad. Es el lugar donde se representa la posición social, por lo cual es “aprehendido en la práctica por intermedio del grupo de residencia o grupo profesional” (Bourdieu, 2011, p. 183), relevando la importancia del barrio y la comunidad, más allá del núcleo familiar. Por otra parte, el espacio simbólico refiere al conjunto de categorías cognitivas que modelan nuestras formas de pensar, sentir, actuar y, por ende, configuran la representación del espacio urbano. Estas categorías -que en su representación simplificada representan diferentes oposiciones, tales como izquierda/derecha o público/privado- son constitutivas del habitus 2 -fundamental en la construcción teórica bourdiana- y que remiten a las trayectorias personales y colectivas. En otras palabras, ambos espacios constituyen el soporte en el cual se configurará el hogar: ámbito y escala en la cual -por definición- se produce y reproduce la pobreza energética. Finalmente, el espacio físico corresponde al ámbito real donde se sitúan geográficamente los agentes y sus relaciones tienen lugar en el sentido literal de suceder y ocupar un espacio determinado (Bourdieu, 2001). El entorno construido representa su concreción empírica -expresado en la ciudad, barrios, edificaciones, plazas, etc.- actuando como el articulador de las diferentes manifestaciones del capital, su reproducción y distribución (espacio social) entre las diferentes categorías sociales personales (espacio simbólico). En este sentido, su función es crítica, no sólo por el encuadre materialista que naturalmente genera, sino también como el espacio de concreción de las categorías mentales (en la manera que un planificador, o la mayoría de las veces un desarrollador, convierte en realidad un imaginario urbano) y las divisiones sociales (cuando, por ejemplo, las particiones del espacio social dan lugar a barrios separados).

Esta aproximación es complementaria a la tríada del espacio percibido, concebido y vivido propuesto en 1974 por Lefebvre (2013) en La producción del espacio, en el hecho que estas tres expresiones están contenidas dentro del espacio físico, traslapándose una sobre otra y con distintos usos. De esta manera, el espacio concebido pertenece a la esfera de la planificación y el diseño, mientras que el espacio vivido -contenido dentro del anterior- es de los habitantes.

De acuerdo con Bourdieu et al. (1999), la estructura de la distribución de los capitales registra el equilibrio, o desequilibrio, de las luchas sociales. Estas disputas geográficas sobre el espacio se libran, ya sea de forma individual (como en el caso de la movilidad habitacional) o colectiva (a través de las competencias políticas por la vivienda, servicios municipales o protección medioambiental). Dado que este artículo toma como caso de estudio un conjunto de vivienda social con un fuerte componente de autoconstrucción, el espacio social -con las oposiciones características de estas dinámicas: individual/colectivo, público/privado, inclusión/exclusión- constituirá el punto de partida de la conformación de un barrio que nace desde la trayectoria comunitaria para superar el residir en un campamento, para luego dotarlo de una carga simbólica (espacio simbólico) y de una expresión física y material (espacio físico). Esta interpretación de la trialéctica bourdiana y las correspondientes interacciones entre los tres espacios -representada en el diagrama de la Figura 1- resulta consistente con la perspectiva de Wacquant (2023), toda vez que la ciudad puede ser repensada desde la interacción de distintas configuraciones de capital, campo y habitus. De esta manera, como se puede observar en el diagrama, la definición del espacio simbólico se ancla en un campo desde lo comunitario, mientras que, para la concreción del espacio físico, la expresión del capital (tanto económico como cultural) será fundamental. En este sentido, los números que representan los tres espacios de la trialéctica no son casuales: representan una trayectoria y un desarrollo en el tiempo (de lo social a lo simbólico, y luego a lo físico). Finalmente, el espacio físico -y su continua transformación, en este caso, con 10 años de ampliaciones y modificaciones por parte de los/as habitantes- tiene el potencial de construir un habitus que resignifique y alimente el espacio social, cerrando el ciclo. Asimismo, los procesos sociales que definen el espacio social y las diversas formas de capital (como tenencia de vivienda y/o capital cultural), se articulan en este proceso que permitiría construir un barrio, con identidad, con un habitus evidente, y asimismo con una forma colectiva de desarrollo. De esta manera se articula el sentido total -expresado en el concepto central de la tríada-, lo comunitario.

En base a las categorías que se desprenden de la trialéctica del espacio se establece un modelo mixto (cuantitativo y cualitativo) de análisis de caso de un condominio de viviendas sociales incrementales bajo condiciones de pobreza energética. Este modelo se basa en entender cuantitativamente los procesos de ampliación de las viviendas y posteriormente explorar mediante entrevistas en profundidad los discursos y narrativas asociados a la vida en el condominio, tanto en el ámbito doméstico y familiar como comunitario. Se realizaron tres campañas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos (Tabla 1), utilizando estrictos protocolos sanitarios, ya que fueron realizadas durante el período de fuertes restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. El muestreo inicial consistió en 20 casas, de un total de 42, en base a la disposición de las familias a participar de la investigación. Este reclutamiento abierto, informado y voluntario, fue realizado a través de una asamblea en la comunidad bajo la organización de la dirigencia vecinal. En la parte cuantitativa, se realizaron encuestas a las familias y se registraron variables ambientales interiores (temperatura, humedad relativa y concentración de CO2) de manera continua durante un mes por medio del instrumento HOBO MX1102.

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas con posterioridad a cinco jefas de hogar mujeres, seleccionadas de la primera muestra. Sus nombres fueron modificados en este artículo para resguardar su anonimato. Por la misma razón, tampoco se asocian directamente las viviendas estudiadas (numeradas de uno a cuatro) con las personas involucradas en la investigación. Este segundo muestreo fue no probabilístico, intencionado y seleccionado para obtener diversidad de experiencias en base a cuatro variables: orientación de las viviendas, nivel de desarrollo de estas en base a las ampliaciones, edad de las entrevistadas y su rol dentro de la comunidad (dirigentas, participantes activas o vecinas). Las entrevistas se realizaron con base en un modelo semiestructurado, tuvieron una duración promedio de una hora y fueron analizadas utilizando el software ATLAS.ti versión 23, por medio de la codificación de conceptos y temas claves asociados a las citas completas. El proceso completo fue realizado con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Renca, a través de la Secretaría Comunal de Planificación, la Dirección de Desarrollo Comunitario y gestores territoriales. Todas las familias que participaron de la investigación firmaron un consentimiento informado, aprobado por el Comité Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este último también orientó y aprobó la estrategia de reclutamiento y selección, los instrumentos de recolección de datos y el uso de esos, para así garantizar la confidencialidad y el anonimato de las personas que participaron en la investigación 3 . En todas las campañas se realizaron actividades con la comunidad, con el objetivo de hacerlos partícipes de la investigación, informando sobre aspectos que podrían mejorar la calidad de vida en sus viviendas y discutir sobre los resultados obtenidos.

En este artículo se presenta una síntesis de los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad a las jefas de hogar (con apoyo de algunos datos cuantitativos obtenidos de las campañas de medición), con el objetivo de poder utilizar la pobreza energética como clave de interpretación de las dinámicas sociales y constructivas en el condominio social y de la política habitacional. De manera similar a lo propuesto por Husu (2022), se pretende relevar la manera en que las familias expuestas a la pobreza energética sufren también la falta de recursos económicos, culturales, sociales y simbólicos. Si bien este trabajo no tiene como objetivo el expresar cuantitativamente la pobreza energética a partir de una medición particular, sí se recogen algunas categorías del “indicador territorializado y tridimensional” propuesto por la RedPE (Calvo et al., 2019), para poder operacionalizarlas a nivel argumental. De esta forma, se consideran como elementos que sugieren la existencia de pobreza energética en un hogar: la utilización de sistemas de calefacción y cocina que poseen su fuente de combustión abierta al interior de la vivienda; la percepción de desfavorables condiciones de confort térmico interior (frío en invierno, calor en verano); los altos niveles de contaminación intradomiciliaria, niveles de humedad y condensación que favorecen la presencia de hongos en el interior; y el gasto excesivo o sub gasto de energía (asociado a la pobreza energética oculta), como indicadores de equidad en el acceso. Finalmente, se considera también la definición de vivienda adecuada de ONU Hábitat como parte de este encuadre conceptual, particularmente en sus definiciones de “disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura” 5 y “habitabilidad” 6 .

El caso de estudio corresponde a un condominio de viviendas sociales ubicado en la comuna de Renca, Región Metropolitana (Figura 2). Este proyecto, se enmarca en las políticas habitacionales del MINVU donde la Fundación Techo actuó como impulsor, articulando las capacidades del sector público, privado y de la sociedad civil. Las viviendas son de tipo incremental y fueron desarrolladas por la oficina de arquitectura ELEMENTAL. Estas casas, en su origen, contaban con la envolvente, conformada de tres niveles de altura, y con el primer nivel completo y la mitad del segundo piso construidos con un total de 45 m2, dejando a las familias “la única misión de construir las placas de piso de la mitad del segundo nivel y del tercero, la escalera y las ventanas de los recintos nuevos” (TECHO-Chile, 2017). Los vecinos para quienes estaban destinadas estas casas correspondían a un comité de vivienda que tuvo una duración de cinco años y que acogió a familias de distintas procedencias, aunque mayoritariamente asociados a diversos campamentos y sectores de la misma comuna. Este elemento es importante, puesto que no aparecen vínculos sociales consolidados con preexistencia al comité de vivienda. Estas fueron entregadas -de acuerdo con el relato de sus habitantes- el año 2010 de manera anticipada, dado que luego del terremoto del 27 de febrero corrían el riesgo de ser tomadas por familias externas al comité. Estas fueron recibidas por las familias en obra gruesa y con los artefactos del baño. Dejando a la familia la responsabilidad de habilitar los espacios.

En la actualidad, más de 10 años después de entregadas las viviendas, se encuentran en distintos estados de desarrollo, pudiendo identificarse en el conjunto desde viviendas en su estado original, hasta viviendas que cuentan con la adición de tres o más dormitorios. La primera etapa consiste en lo entregado a las familias el año 2010 y, por tanto, remite al estado original de las viviendas (Figura 3), donde se encontraba construido el primer piso y la mitad del segundo sin terminaciones. La segunda etapa corresponde a lo que se proyectó como desarrollo de arquitectura y es la propuesta de crecimiento de las viviendas para ser desarrollada por las familias (Figura 4). En esta instancia se propone la construcción de la segunda mitad del piso dos y un dormitorio en la mitad del tercer nivel. La tercera etapa corresponde al estado actual de las viviendas estudiadas, a partir de las construcciones y ampliaciones realizadas por sus propios habitantes (Figura 5).

En las entrevistas a las jefas de hogar se observó cómo, en términos económicos, el traslado de un campamento al condominio significa también la reconfiguración de la economía doméstica, pasando a medirse en términos del acceso y consumo de los bienes y servicios que ofrece la ciudad, incluyendo sus redes y provisión de energía. Así, la actividad económica y social de base se articula en busca de una identidad y trayectoria comunitaria en la llegada al condominio. Sin embargo, en la construcción de este campo -que podría configurar una red de relaciones horizontales desde la comunidad- se evidenciaron fracturas que establecieron y separaron posiciones (directiva versus vecinos) en virtud de diferencias en su capital social. Esto -desde el inicio- va a constituir una pérdida para las posibilidades de articular soluciones constructivas comunes, beneficiosas en términos económicos y de imagen común del condominio.

Las dirigencias representan decisión, referencia y poder dentro del condominio. En general, estas se consideran referentes a la hora de innovar en las intervenciones constructivas en las viviendas, incluso llegando a rivalizar en la autoría de las soluciones arquitectónicas. También suelen contar con espacios para la reunión social y para el establecimiento de comercio, tanto formal, como informal.

Sin embargo, dado que las casas debieron ser inmediatamente intervenidas para ser habitables, el tema del financiamiento privado cobra fuerza, desplazando y transformando la comunidad hacia núcleos de hogares-vivienda, desdibujando el campo inicial. El acceso a este también genera una distinción social. Por una parte, se relaciona al acceso a información y contacto con instituciones, relevando nuevamente la posición de las dirigencias. Por otra parte, el financiamiento propio, da cuenta de la autonomía social y económica de los hogares.

Finalmente, en el avance de las ampliaciones y modificaciones de las viviendas, las jefas de hogar dan cuenta del predominio de la individualidad por sobre las representaciones colectivas sociales, con el costo de perder elementos como la acción colaborativa y el apoyo mutuo. Aquí claramente se produce un desplazamiento, quedando las familias con presencia de adultos mayores o con fuertes labores de cuidado muy expuestas a la generación de la pobreza energética.

En la resignificación del espacio social, merced de la incorporación de capital económico, las familias se vuelven núcleos económicos en sí, individualizando la relación hogar-vivienda. Aquí es importante mencionar que desde el encuadre bourdiano, las experiencias cotidianas son parte esencial de la reproducción del poder -“volver del trabajo, encender las luces, poner la tetera a hervir y luego pagar la cuenta de la luz”, como señala Husu (2022, p. 5)- como elementos vinculados a la pobreza energética. En este punto, el espacio simbólico se carga con un fuerte sentido de propiedad privada y el desarrollo de la vivienda según las necesidades de las familias. Estos conceptos son consistentes con los valores de la autoconstrucción que Turner declaró hace 60 años y que se expresa en términos de auto-realización.

Las racionalidades sobre el valor simbólico de la vivienda y su rol en la ciudad determinan qué hogares participan más del mercado en términos de consumo, accediendo a financiamientos privados, tales como ahorros, créditos o retiros de fondos de pensiones. Estas manifestaciones del capital, también se expresan como capital cultural, estableciendo un orden social con capacidad de dominación (en el sentido bourdiano). Esto se determina por la capacidad de imponer un determinado orden constructivo en el condominio, en la cual hay hogares que ciertamente quedan relegados, dificultando las posibilidades de alcanzar condiciones adecuadas de habitabilidad en sus viviendas:

Desde la manera de vincularse el condominio con la ciudad, se comienza a configurar un habitus. Las viviendas se mantienen marginalizadas del mercado desde su dificultad de regularización y el bajo valor que pueden obtener. Sin embargo, este no se corresponde con el espacio simbólico que los propios habitantes le asignan, asimilando las viviendas a sus trayectorias de vida. El comprender el habitus bourdiano desde la perspectiva de la pobreza energética implica incorporar estas trayectorias y su posicionamiento en el espacio social. En este sentido, no resulta casual el encontrar referencias de eventos altamente significativos para la experiencia familiar -como lo es un funeral- en directa asociación con la vivienda.

En el registro de las ampliaciones realizadas, ninguna corresponde a lo proyectado en la etapa II, constituyendo desarrollos de la vivienda que se alejan de lo pensado desde el diseño arquitectónico. Sin embargo, esto también las excluye de la lógica de acumulación de capital económico a través de la valorización de la vivienda, ya que muchas veces quedan fuera de normativa o perjudican seriamente su desempeño estructural, de seguridad o ambiental (como se presentará a continuación). Un ejemplo de esto lo constituye la intervención en el techo de las viviendas -aplicado en la totalidad de los hogares entrevistados- el cual es levantado para poder utilizar como superficie útil todo el tercer piso (Figura 6). Esta operación es muy significativa desde el punto de vista arquitectónico, particularmente por su dificultad constructiva, generando condiciones muy desfavorables de desempeño energético en todos los casos estudiados.

El espacio físico, tras 10 años de transformaciones de las viviendas, ciertamente ha sido capaz de modelar el espacio social del condominio. Sin embargo, las entrevistas no dan cuenta de la constitución de un habitus comunitario en relación con las viviendas y sus intervenciones (aunque sí en el cuidado y seguridad de los espacios públicos, donde existe una mirada colectiva). A nivel de los núcleos familiares aparecen discursos que se repiten en torno a la dificultad de conseguir confort térmico y ambiental al interior de las viviendas. Esto se ve exacerbado por el incremento en los precios de combustibles que se utilizan para calefacción en el condominio durante el período estudiado (Figura 7) -coincidente además con la pandemia- repercute de gran manera en el habitar cotidiano de las familias.

Estas condiciones configuran el escenario para la generación de pobreza energética, particularmente la denominada pobreza energética oculta (Castaño-Rosa et al., 2019). Esto se comprobó empíricamente en la mayoría de las viviendas del condominio social estudiadas, a través de la encuesta realizada con anterioridad a las entrevistas. Esta manifestación de la pobreza energética resulta particularmente compleja, puesto que muchos de estos hogares están renunciando a satisfacer sus necesidades energéticas para poder cumplir con otros requerimientos más apremiantes. La evidencia recolectada en esta investigación da cuenta, además, de un mayor deterioro en las condiciones ambientales de las viviendas conforme va aumentando la cantidad de ampliaciones y modificaciones por parte de los habitantes. Esto se puede observar en la temperatura interior de un dormitorio en un tercer piso con modificación de la envolvente y el techo (como la observada en la Figura 6), descendiendo hasta un valor de 5 °C durante la noche (Figura 8). Esto no solo repercute en el confort térmico de las viviendas, sino también en la calidad del aire interior. En algunas viviendas, el estándar de 700 ppm, establecido por la Organización Mundial de la Salud para la concentración de CO2 (Allen et al., 2016), es excedido en más de un 70% de las horas del día y con valores máximos que superan en cinco veces esta cantidad. Esta situación, heredada de las muy deficientes condiciones de ventilación, no resulta casual, toda vez que producto de los procesos de ampliación, los dormitorios quedan en una situación de mediterraneidad -vale decir, sin ventanas al exterior- y rodeados completamente por otros recintos (Figura 9).

El estudio de caso ha permitido poner en crisis las categorías y relaciones de la trialéctica del espacio propuesta. La interpretación, bajo este encuadre, de los hallazgos de entrevistas y registros ambientales, deja ver que la acción individual bajo situación de precariedad de las propias familias no consigue configurar un espacio simbólico ni físico, con una materialización adecuada en el acceso a una provisión de energía permanente, no contaminante y de calidad, en conjunto con las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Esto, medido bajo parámetros más integrales que incorporan las condiciones de confort y calidad ambiental interior. El predominio de la acción individual desconfigura las relaciones de los tres espacios de la trialéctica (social, simbólico y físico), favoreciendo las condiciones de pobreza energética de los hogares.

Existe abundante evidencia sobre la existencia de una brecha de conocimiento -especialmente en hogares de menores ingresos- sobre los problemas de sus viviendas y las posibilidades de mejoras en confort y salud (Hoicka et al., 2014), lo que podría explicar, en parte, como las condiciones técnicas fallan en conseguir un adecuado desempeño energético. Reducir esta brecha es un imperativo ético, pues no hacerlo es una negligencia que implica graves impactos sanitarios y de salud pública. Los incentivos al mejoramiento constructivo bajo el régimen subsidiario actual, por ejemplo, tienen que informar operativamente los métodos para aumentar la posibilidad de éxito en los cambios introducidos al espacio habitacional (Dolšak et al., 2020).

Al mejorar la información técnica, se avanza en educación habitacional -si se puede llamar así- potenciando el tejido social que se fortalece con proyectos con base comunitaria, como en el caso estudiado. Esto ayuda a que las familias produzcan sentido de apropiación con las obras, beneficiándose colectivamente de los resultados y, en última instancia, mejorando el compromiso de las comunidades con su entorno (Putnam y Brown, 2021). Un desafío es cambiar la escala de avance en pobreza energética habitacional desde la vivienda al barrio, lo que podría beneficiarse de una concepción más solidaria del mejoramiento del espacio habitacional privado (Seyfang et al., 2014). El involucramiento de la comunidad presenta ventajas que en el caso chileno merecen más incentivos, tomando en cuenta que son los vecinos del barrio quienes mejor conocen las complejidades del lugar que habitan (Kangas et al., 2018; Wilson et al., 2015). Un proyecto piloto, por ejemplo, podría servir para convencer a otras comunidades de avanzar en estrategias más colectivas del mejoramiento técnico del hábitat desde una perspectiva energética (Jia et al., 2021).

Por otra parte, para los habitantes de las viviendas, el trabajo colaborativo junto a los sectores público y privado brinda la oportunidad de expresar necesidades y gestionar recursos de diversas fuentes, activando cooperaciones transversales (Braunholtz-Speight et al., 2021). Un punto de partida interesante lo constituye el trabajo de Marinovic (2021), el cual propone una estrategia de diseño de la vivienda incremental mucho más articulada con las comunidades. La organización efectiva de las comunidades puede aumentar sus posibilidades de éxito con políticas públicas que incluyan un enfoque normativo, métodos de financiamiento adecuados, formación de capacidades técnicas, asesoramiento financiero a las familias, apoyo a la superación de la pobreza energética y seguimiento posterior a la ocupación (Sdei et al., 2015). Este enfoque integral necesita mayor exploración en Chile.

Los resultados revelan una travesía compleja de las familias al trasladarse del campamento al condominio en Chile, evidenciando no solo un cambio físico sino una transición en la economía doméstica y en las interacciones sociales. El desplazamiento altera las dinámicas económicas y sociales anteriores, con una notoria fractura en la comunidad emergente, especialmente entre las dirigencias y los vecinos. Aunque las intervenciones en las viviendas reflejan la resiliencia y la adaptabilidad de las familias, muchas veces estas adaptaciones se alejan del diseño arquitectónico inicial, generando potenciales riesgos en desempeño estructural, seguridad y calidad ambiental. Mientras que, en el plano social, el espacio privado de la vivienda se ha fortalecido con un profundo sentido de propiedad y pertenencia, en el plano físico, el desafío de la pobreza energética prevalece, exacerbado por aumentos en los precios de los combustibles y condiciones ambientales adversas dentro de las viviendas. La investigación destaca, en particular, el fenómeno de la "pobreza energética oculta", donde las familias renuncian a ciertas necesidades energéticas debido a otras prioridades económicas, con el riesgo latente de deterioro en la calidad ambiental y confort térmico de sus hogares. Estos hallazgos subrayan la necesidad de abordar tanto la dimensión física como social de las viviendas incrementales, considerando no sólo las estructuras arquitectónicas sino también las redes y relaciones humanas dentro de estos espacios.

El contexto urbano y habitacional de Chile ha sido marcado significativamente por prácticas post dictadura militar, las cuales han llevado a una notoria segregación en la distribución espacial de sus ciudades. Este fenómeno se ha atribuido en gran parte al neoliberalismo urbano o subsidiario, lo que ha propiciado que la oferta de viviendas se concentre en sectores alejados, generando un contexto desfavorable para muchos. Frente a esto, la vivienda incremental emergió como una respuesta rápida y de bajo costo para satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables. Sin embargo, muchas de estas viviendas, desarrolladas durante las últimas tres décadas, carecen de los estándares técnicos adecuados para sacar a las familias de situaciones de pobreza energética.

Más allá de la construcción en sí, el debate en torno a la vivienda incremental se ha ido centrando en la necesidad de mejorar los sistemas urbanos que la rodean. Es fundamental evaluar cómo estos barrios se conectan con el resto de la ciudad, garantizando un acceso adecuado a materiales y mano de obra y considerando, además, las dinámicas de los mercados e instituciones financieras. A esto se suma la tendencia observada en la cual la acción individual, en medio de contextos de precariedad familiar, no logra generar espacios simbólicos ni físicos que satisfagan las necesidades habitacionales, llevando a una amplificación del riesgo de pobreza energética.

La educación y la formación técnica en vivienda surgen como herramientas fundamentales para combatir estas problemáticas. Al fortalecer el tejido social y potenciar las iniciativas comunitarias, se permite una mayor apropiación y compromiso de las familias con su entorno. Este enfoque, más que centrarse en la vivienda como una unidad aislada, propone mirar al barrio en su conjunto, sugiriendo la necesidad de alejarse de intervenciones exclusivamente centradas en grandes redes y gobernanza municipal. Al mismo tiempo, la colaboración entre las mismas comunidades y los sectores público y privado es esencial en este panorama. Ya que, a través de esta sinergia se puede lograr una gestión más eficiente de los recursos y una identificación más precisa de las necesidades reales. En este marco sistémico de políticas públicas, el tejido social y la cohesión de la comunidad tienen un rol protagónico: desde impulsar cadenas de suministro local hasta promover la transición hacia una economía de bajas emisiones, la comunidad se posiciona como el eje central en la lucha contra la pobreza energética en Chile.

Finalmente, es vital continuar explorando y adaptando estos enfoques al contexto chileno específico, asegurando que las políticas y estrategias propuestas realmente aborden las necesidades y desafíos del país en relación con la vivienda incremental.