Los políticos y otras cosas

La Democracia ha sufrido en éstos últimos tiempos sus más rudas pruebas y ha salido triunfante de ellas. Sus componentes y sus mentores pueden sentirse felices de los resultados obtenidos cada vez que ha sido preciso poner en juego el mecanismo de las leyes para mantener este principio intangible que se ha dado en llamar “el orden establecido”. Primero el asalto al Regimiento Esmeralda, de Copiapó; en seguida el paro general tan largamente gestado y que tantas inquietudes produjo entre el elemento oficial y los señorones de las clases burguesas. Por el asalto de unos cuantos ilusos que fueron empujado por oficiales de Carabineros y experimentados en esta clase de trágicas mascaradas, cayeron para no levantarse, algo más de tres docenas de obreros hambrientos y un par de soldados. Pero la mayoría de los sacrificados no estaban ni en Copiapó ni en las puertas del cuartel ni a muchas leguas a la redonda, sino en un pueblo lejano donde no hubo ni conato de motín o subversión, pero sí hubo asalto, no de comunistas ni de sediciosos, sino de gente uniformada y de guardias cívicos organizados con mucha antelación, y armados previamente por el Estado, que, rompiendo puertas y arrasando muros, atraparon como a fieras a un grupo numeroso de obreros indefensos y los asesinaron a mansalva. Esto se desprende aun de las propias informaciones de la prensa seria, siempre dispuesta a desvirtuar la verdad en estos casos y se demuestra con las fotografías de los héroes aparecidas en la revista “Sucesos”. El Gobierno, representante de esta democracia recién nacida después de tantos años de dictadura, ¿ha lanzado siquiera la voz de la Ley? No podía hacerlo. Estaba al frente de acontecimientos provocados por hombres que no tienen derecho al amparo de la Ley. Los comunistas, los anarquistas, en general los revolucionarios que aspiran a cambiar los moldes de la sociedad capitalista actual se encuentran bajo el nivel de los ladrones y asesinos vulgares. Para éstos hay Ley que castiga, pero también hay ley que defiende y Tribunales que pesan las circunstancias especiales de cada delito e impone pena. Para los revolucionarios primero está la pena máxima aplicada por cualquiera, carabinero o guardia fascista y después viene el proceso para los pocos que salvaron la vida. ¿Qué hace, en cambio, con los que mataron a seres indefensos, contra los que impusieron penas por su cuenta sin ser jueces? Estos son los héroes que admiran los ciudadanos patriotas de uno a otro confín del país a través de las imágenes de las revistas ilustradas donde aparecen con todos los arreos de guerra. Los agentes de la autoridad pública, ¿han hecho sentir la fuerza de la Ley contra estos héroes delincuentes? Los acontecimientos responden que no. El paro provocó declaraciones rotundas de los agentes de la autoridad, para quienes era un movimiento en pugna con la Ley, con esa misma ley que dictó el Dictador Ibáñez por un simple decreto; en pugna con esa ley que creó delitos que no eran tales porque hasta el más lego sabe que los delitos no se pueden definir por decretos. Sin embargo, las autoridades que dicen obrar siempre dentro de la Ley, se colocan abiertamente en contra, se amparan en preceptos sin vigor jurídico para sostener las posiciones de una parte de la sociedad, la más reducida pero la más poderosa, para aplastar a la gran mayoría, a esta mayoría que, por sarcasmo, se llama el pueblo soberano. Las leyes fascistas dictadas por la Dictadura: Código Militar y Código del Trabajo, sirven ahora para llenar las cárceles, como no se había visto en los tiempos de Ibáñez, con centenares de obreros de todas las ideologías. Así comprenderá este pueblo, con una lección objetiva que, bajo el dictador militar o bajo el Gobierno civil, siempre será hambreado, perseguido, encarcelado y masacrado.

Pío QUINTO.